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El relato de la víctima fue fundamental para la acreditación de los hechos. Equipo de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Local de Calama apoyó en diversos aspectos relacionados con el desarrollo del juicio oral.
El equipo de la Fiscalía Local de Calama logró una condena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo para el imputado A.A., de nacionalidad colombiana (48 años) como autor del delito consumado de violación contra persona mayor de 14 años de edad, sumado a una segunda condena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo por su autoría en el delito consumado de violación de menor de 14 años.
Ambos delitos fueron perpetrados durante los años 2020 y 2017, respectivamente, en la comuna de Calama.
Además, se le impuso al acusado las medidas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para postular a cargos y oficios públicos y ejercer derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares, mientras transcurra dicha condena. Asimismo, el acusado fue condenado, en ambos delitos, a la pena de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa y a la sujeción de vigilancia de la autoridad por un período de diez años, siguiente al cumplimiento de la pena principal.
La investigación del caso, que se trabajó con un equipo multidisciplinario, estuvo liderada en las etapas investigativas y judicial por el Fiscal Adjunto de Fiscalía Local de Calama, Gabriel Zepeda Castillo. Además del equipo de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, Uravit, de la Fiscalía Local de Calama y San Antonio. Según explicó el Fiscal Adjunto, Gabriel Zepeda “Los hechos ocurrieron en Calama, en fechas no precisadas, en los años 2017 y 2020.
“Se trata de hechos graves, en los cuales el imputado fue condenado como autor de dos delitos consumados en contra de la misma víctima”, explicó el persecutor penal. Durante el juicio, el Fiscal Zepeda Castillo se presentó prueba testimonial, pericial, documental, fotográfica, evidencia material, que le permitió a la Sala, más allá de toda duda razonable, dar por acreditados los hechos de la acusación.
“El relato de la víctima fue fundamental para la acreditación de los hechos, como asimismo los informes periciales, tanto el informe sexológico elaborado por el Servicio Médico Legal de Valparaíso, como los informes psicológicos. A su turno, la PDI, a través de las Brigada de Delitos Sexuales, también realizó diligencias pertinentes de este caso que permitieron acreditar la existencia de estos delitos”, explicó el fiscal Gabriel Zepeda.
Según acreditó el Fiscal Gabriel Zepeda “el primer hecho sucedió un día indeterminado del 2017, en el inmueble que la víctima, quien habitaba junto a su familia al interior de una toma en la comuna de Calama, domicilio al que concurrió en compañía del acusado; al ingresar al inmueble el imputado la tomó por la fuerza y cometió el delito y con posterioridad, le manifestó que si decía algo de lo ocurrido le haría daño a su mamá, razón por el cual la víctima guardó silencio. El segundo hecho ocurrió en el 2020 en la localidad de San Antonio, cuando la misma víctima fue al domicilio del acusado, ubicado en una toma de dicha comuna, oportunidad en que el acusado aprovechando las circunstancias del caso, tomó a la víctima por la fuerza y cometió el delito. Tras esta situación, la víctima logró zafarse del acusado indicándole que lo acusaría. Sin embargo, éste le señaló que nadie le creería, por lo que la víctima guardó silencio” .
En junio del 2021, en la comuna de San Antonio, la víctima comentó esta situación a su madre y a una tía materna.
