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Sólo en la última semana equipo territorial en la región de Antofagasta constató 40 casos de engaños, los cuales fueron derivados a PDI.
Un total de 40 casos de direcciones falsas –una de estas corresponde a Calama-, desactualizadas o simplemente inexistentes de personas que debían guardar cuarentena, constató durante la semana pasada el equipo de fiscalización territorial de la Seremi de Salud en la región de Antofagasta.
“Viene sucediendo cada vez con mayor frecuencia –sobre todo en el caso de las fiscalizaciones a viajeros- que se están entregando direcciones falsas como una forma de evitar los controles a las cuarentenas obligatorias que deben someterse quienes llegan desde otros países”, aseguró la seremi de Salud de Antofagasta, Rossana Díaz Corro.
La autoridad llamó la atención respecto de lo peligroso de estas conductas y de las consecuencias que puede acarrear a quienes incurren en éstas.
“Suponemos que la gente que miente en torno a su dirección es porque quiere burlar la fiscalización de su aislamiento efectivo y no respetarlo. Eso supone un grave peligro a la salud pública ya que pueden contagiar a muchas otras personas”, advirtió Díaz Corro.
Adelantó que una vez comprobada la falsedad de los datos entregados a la autoridad sanitaria, los antecedentes son enviados a la Policía de Investigaciones (PDI) para la localización de estas personas.
Los datos de la seremi indican que durante la semana pasada se concretaron 1.312 fiscalizaciones a cuarentenas indicadas para personas positivas, contactos estrechos o viajeros ingresados recientemente al país. De éstas, 17 terminaron en sumario y 40 personas no fueron ubicadas ya que dieron direcciones falsas.
La seremi llamó a la responsabilidad de la población en materia de cumplimiento de sus cuarentenas. “Una persona que –sabiendo que es positiva o que puede serlo- y no respeta su cuarentena indicada es un peligro para la salud pública porque su irresponsabilidad puede terminar con otras personas contagiadas, conectadas a ventilador o incluso perdiendo la vida”, advirtió.
La autoridad recordó que quienes incumplan la normativa se exponen –según establece el Código Sanitario- a multas que pueden ascender hasta 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, poco más de $50 millones.
