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“Existen suficientes elementos para pensar que se pueden estar produciendo actividades criminales de alto riesgo”, dijo el persecutor, nombrado para liderar pesquisas entre Antofagasta y Coquimbo.
La posibilidad que puertos chilenos sean utilizados por organizaciones criminales para actividades ilícitas como el tráfico de drogas a gran escala o el tráfico de armas, es una materia que tiene en alerta al Ministerio Público.
Según datos oficiales, en los últimos cinco años se han iniciado 17 investigaciones relacionadas con ilícitos perpetrados en puertos o en el área marítima de la macrozona norte, cifra que, si bien no es elevada, encierra importantes desafíos investigativos por la naturaleza de los delitos y su complejidad.
En este contexto, recientemente se conoció que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para la persecución de los delitos vinculados a crimen organizado que se cometan en los puertos ubicados entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo, tarea que desarrollará junto a policías, Armada, Aduanas y equipos especializados del Ministerio Público, y que abarcará unos mil kilómetros de litoral, donde existen 12 puertos formales y cientos de caletas.
En paralelo, otros cuatro fiscales regionales comandarán las investigaciones en el resto del territorio marítimo nacional. El fiscal Juan Castro Bekios explicó que existen suficientes elementos para pensar que en los puertos nacionales se pueden estar produciendo actividades criminales de alto riesgo, aprovechando el importante tráfico de mercancías que ingresan y salen de estos terminales, las dificultades de control que existen y las largas rutas internacionales que siguen las embarcaciones hasta sus destinos finales, durante las cuales las cargas pueden ser contaminadas o alteradas.
A modo de alerta, recordó que actualmente los puertos del norte son parada frecuente para embarcaciones que provienen de puertos colombianos o peruanos y que posteriormente continúan su travesía hacia destinos de todo el mundo, lo que los convierte en espacios de interés para las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas u otras actividades ilícitas.
“Las organizaciones criminales están en constante búsqueda de rutas para sacar su mercancía ilícita a sus mercados finales y en ese contexto no podemos pasar por alto que los puertos chilenos, y en particular los del norte, podrían ser parte de una ruta internacional para el abastecimiento de mercados como el europeo, que es un gran consumidor del clorhidrato de cocaína que se produce en Sudamérica. Ese es un elemento que no sólo surge de nuestros análisis, sino que también de numerosos informes y alertas internacionales”, dijo el persecutor.
Castro Bekios recordó que en nuestra región se han conocido casos de embarcaciones cuyo casco o estructura ha sido modificada para transportar armas o droga, como también hallazgos al interior de contenedores. Otro antecedente importante que mencionó el persecutor es el constante tránsito de naves que transportan combustible para la operación de distintas empresas del área minera o energética, situación que también reviste interés por la frecuencia de este tránsito, que normalmente se produce bajo controles febles.
“Tenemos una gran cantidad de situaciones de riesgo que debemos afrontar para evitar que las organizaciones criminales aprovechen nuestros puertos, o las embarcaciones que se dirigen a ellos, para sus actividades ilícitas. Sabemos que los grandes carteles ven en el comercio marítimo una forma efectiva para llegar a Países Bajos o España, que son usualmente sus destinos preferidos, y en ese contexto Chile puede ser parte de la ruta o bien su origen, no lo podemos descartar”, dijo el fiscal.
A todo esto, Castro Bekios sumó la presencia en todo el norte de cientos de caletas que ofrecen una oportunidad para el ingreso o salida de todo tipo de mercancías, burlando los controles que, normalmente, se focalizan en las rutas terrestres.
El Fiscal Regional planteó que la creación de esta fuerza de tarea que se abocará a la investigación de los delitos que se cometen en los puertos o zonas marítimas, se hace particularmente importante considerando la inminente puesta en marcha del proyecto del Corredor Bioceánico Capricornio, que unirá por tierra la zona brasileña de Mato Grosso del Sur, el Chaco paraguayo y las provincias Argentinas de Salta y Jujuy, llegando finalmente a los puertos de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla e Iquique.
“Esto, que es una buena noticia para Chile y en especial para el norte por la actividad económica y comercial que generará, es también un tema para el cual debemos prepararnos, porque nos pondrá en contacto con fenómenos criminales muy complejos que actualmente existen en esas zonas y hará que nuestros puertos sean aún más atractivos para organizaciones que buscan rutas rápidas y económicas para llegar a Europa u otros mercados, incluso más lejanos, como Asia o Australia”, apuntó.
En relación al trabajo que realizará tras su designación a cargo de las investigaciones desde Antofagasta a Coquimbo, el fiscal explicó que la primera actividad será conformar los equipos e iniciar las coordinaciones con las distintas instituciones que contribuirán a la tarea. Afortunadamente -precisó – esta labor ya se encuentra avanzada, por lo que el inicio del trabajo será inmediato.
