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Fiscal Jefe, Cristian Aliaga Ayarza, dirigió la investigación del caso con colaboración de Carabineros en la flagrancia y detectives de la PDI durante las diligencias posteriores.
La Fiscalía Local de Calama, logró obtener condena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, contra José Andrés Cuevas Meliñir, de nacionalidad chilena (36 años) quien fue declarado culpable ante el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de la ciudad, como autor del delito consumado de tortura. El delito fue perpetrado durante la madrugada del 18 de abril del 2020.
Asimismo, el acusado recibió las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer derechos políticos y postular a cargos u oficios públicos por el tiempo que transcurra dicha condena.
También el TOP decretó la absolución, por falta de acreditación, de los efectivos Ernesto Pinto Ponce, Miguel Antonio Martínez Díaz, Konrad Alexander Lahr Varela y Mauricio Esteban Zamorano Marambio, como autores consumados del delito de tortura, ocurrido el 18 de abril del 2020.
Cabe señalar, que en la investigación del caso, dirigida por el Fiscal Jefe, Cristian Aliaga Ayarza, con colaboración de personal de Carabineros en la flagrancia y PDI durante diligencias posteriores, se pudo acreditar el delito gracias a testimonios y a la presentación de pruebas documentales y periciales, entre otros.
El Fiscal Jefe Cristian Aliaga destacó el testimonio del perito del Servicio Médico Legal, SML, doctor Héctor Navarro Cruz, quien acreditó las torturas, a través del Protocolo de Estambul.
De acuerdo a lo acreditado en el juicio por el Fiscal Jefe, Cristian Aliaga Ayarza, tras una investigación solicitada por el Ministerio Público de Calama, se comprobó que el 17 de abril de 2020, entre las 22.30 y 23: 30 hrs. aprox. y en medio del Estado de Excepción que regía en todo el país con motivo de la crisis sanitaria por por Covid-19, la patrulla del Ejército de Chile a cargo del comandante de escuadra de la Primera Sección de Calama M.E.Z.M. y conformada además por diversos funcionarios militares, entre ellos, el acusado, detuvieron a ocho civiles y los subieron a la fuerza a un camión militar, donde los obligaron a arrodillarse en el suelo del vehículo, debiendo tener las manos sobre sus cabezas y a mirar hacia el piso, siendo trasladados a la Primera Comisaría de Calama. Durante el trayecto, los civiles fueron amenazados con golpes si no cumplían las órdenes.
Al llegar a dicha Comisaría, el policía a cargo del procedimiento, ordenó que fueran a constatar lesiones. Para ello, acusado, conductor del vehículo militar, acató la instrucción de cumplir con la diligencia de llevar a los detenidos al Hospital de Calama Carlos Cisternas y luego dejarlos “por ahí”.
Tras ello, el acusado acató la instrucción de conducir a los detenidos a constatar lesiones y luego los dejó abandonados en un sector indeterminado, ubicado a 25 minutos de Calama, en la ruta que une la ciudad con el Poblado de Chiu-Chiu, en donde se desvió unos 600 metros hacia el interior del desierto.
Al detenerse el camión, los funcionarios de la patrulla, por orden del acusado, desembarcaron forzadamente a los civiles, instante en que el acusado les advirtió a los detenidos que tenía tiros en su arma de servicio, para inmediatamente contar los tiempos, para instarlos a huir, mientras simulaba la preparación de su arma de fuego. En ese momento, los detenidos, asustados por la amenaza, salieron corriendo del lugar en diversas direcciones.
Sucedido este hecho, el personal militar abordó el camión y se retiró del lugar rumbo a la Primera Comisaría de Calama, dejando abandonados a los detenidos durante la noche en el desierto.
