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El llamado es a denunciar estos hechos en las unidades policiales respectivas.
En el pasado, las amenazas solían realizarse mediante cartas anónimas o llamadas telefónicas. Sin embargo, con el avance de la tecnología, internet se ha convertido en el principal medio para este tipo de delitos. El subprefecto Patricio Fuentes, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI en Calama, abordó este fenómeno creciente y entregó recomendaciones para la ciudadanía. El delito de amenazas en la actualidad.
«Las amenazas han evolucionado, hoy predominan en plataformas digitales y redes sociales», señaló el subprefecto Fuentes Sierra. Desde el punto de vista legal, las amenazas están tipificadas en el artículo 296 del Código Penal y deben cumplir dos condiciones: ser «serias», es decir, realizadas con intención de causar daño a la víctima o su entorno, y tener apariencia de verosimilitud según los antecedentes del caso.
Aumento de denuncias en la PDI Las denuncias por amenazas han ido en aumento en los últimos años en la Prefectura Provincial del Loa. Según registros de la PDI, se reportaron: 2023: 79 denuncias 2024: 92 denuncias 2025: 8 denuncias (hasta la fecha).
El anonimato en las amenazas en Internet, el uso de perfiles falsos, la usurpación de identidad y herramientas tecnológicas para ocultar la verdadera identidad de los autores dificultan la persecución de estos delitos.
«No hay un modus operandi único, sino diversas maneras de cometer amenazas en línea, lo que nos desafía constantemente como investigadores actualizando nuestras técnicas para estar a la vanguardia de estos nuevos formatos delictivos», agregó el oficial Fuentes Sierra.
Recomendaciones para la ciudadanía Para quienes sean víctimas de amenazas en línea, se recomienda realizar la denuncia de manera presencial en la BICRIM. «Es fundamental que la víctima resguarde evidencia, como capturas de pantalla, links, URLs, perfiles de redes sociales o números telefónicos vinculados al delito», indicó el jefe de esta unidad.
Finalmente, el subprefecto enfatizó que la libre expresión no ampara mensajes amenazantes: «Cuando una expresión incluye amenazas hacia personas o autoridades, se está cometiendo un delito y la policía actuará en consecuencia en coordinación con el Ministerio Público».
