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A nivel nacional en este período se finalizaron 941 expedientes de fiscalización, de los cuales 380 terminaron en infracciones. Esto es un aumento de 33% de fiscalizaciones resueltas en comparación con el mismo período del 2023.
El seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, informó que, durante el periodo de enero a julio del presente año, la Dirección General de Aguas (DGA) finalizó 93 expedientes, de los cuales 36 fueron con multas que superaron las 8.292 UTM, lo que equivale a un estimado de $ 540 millones. Durante el año 2023, en tanto, se resolvieron 133 expedientes, de ellos 79 fueron con multas de un total de 7.008 UTM.
“Este es parte del compromiso como Gobierno de velar por el correcto uso del recurso hídrico de nuestra región, por lo que en el marco del programa de fiscalizaciones de la Dirección General de Aguas (DGA), se cursaron cerca de 40 multas, cuyos fondos se ingresan a las arcas fiscales, distribuyéndose en el presupuesto de la nación y el Fondo de Desarrollo Regional y el presupuesto comunal”, dijo Barrios.
El director regional de la DGA, Arturo Beltrán, expresó que el total de infracciones cursadas se generaron en las Provincia de El Loa y Antofagasta. Las principales multas cursadas en la región, tienen relación con las materias objeto “Extracción de Aguas No Autorizadas y/o Mayores al Derecho de Aprovechamiento Constituido” y “Monitoreo de Extracciones Efectivas”, destacando la fiscalización sobre usos mineros y sanitarios en la zona.
“Uno de los avances que nos ha permitido fiscalizar mejor el cumplimiento del Código de Aguas fue el fortalecimiento en la gestión de la DGA, ya que hemos doblado la cantidad de fiscalizadores. Además, desde la modificación al Código de Aguas, ocurrida el año 2018, nuestros usuarios se han ido ajustando al cumplimiento, debiéndose pronto reflejar aquello en una disminución de infracciones y de los montos a recaudar por aplicación de multas”, detalló Beltrán.
Cabe señalar que desde el año 2019, se ha implementado el monitoreo de extracciones efectivas de aguas subterráneas y aguas superficiales a nivel país, y en específico en la Región de Antofagasta, lo que ha permitido tener un monitoreo constante y en línea de las extracciones que efectúan los usuarios de estas aguas en la región, sirviendo, además, como un insumo para las fiscalizaciones.
A nivel nacional, en tanto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, realizó un balance de las fiscalizaciones realizadas durante el primer semestre de 2024 por la Dirección General de Aguas, donde destacó que en este período se finalizaron 941 expedientes de fiscalización, de los cuales 380 terminaron en infracciones. Esto es un aumento de 33% de fiscalizaciones resueltas en comparación con el mismo período del 2023.
De las fiscalizaciones que se han resuelto el 2024, se han aplicado multas por un total de 4 mil 150 millones de pesos (63.085 UTM), por lo que, comparando con el 2023 con este año, se ha aumentado en 32% la cantidad de multas cursadas y en un 10% el monto total de las multas.
“La labor de fiscalización del Ministerio y la Dirección General de Aguas durante el primer semestre del año 2024, es una gestión que cada vez es más intensa; que en el escenario de escasez hídrica se hace cada vez más importante para el adecuado, correcto y uso estricto del agua que las personas naturales o jurídicas tienen asignadas”, destacó la ministra Jessica López.
En este sentido, la ministra López destacó que los motivos más frecuentes por los que se inician procesos de fiscalización es porque los tenedores de derechos de agua en Chile están obligados a registrar cualquier obra que hagan en relación con el uso de sus derechos de agua; además de instalar sistemas de medición y transmisión de esa información e informar las extracciones de caudales que realizan.
Junto al incumplimiento de estos registros, las principales infracciones están relacionadas con las extracciones de aguas no autorizadas y modificaciones de cauces no autorizados como la extracción de áridos y la ejecución de obras para desviar canales o cauces.
