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Fiscalía notificó investigación penal contra el ex jefe de planificación de la entidad por presunto fraude al fisco. Además, se emitió orden de detención contra otra ex funcionaria, quien no se presentó a la audiencia.
El fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga Ayarza, formalizó por el delito de fraude al fisco a un tercer ex funcionario de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES) de Calama, por la compra presuntamente irregular de un inmueble para albergar el proyecto de una clínica dental, mismo que luego fue modificado a un “centro de integración educacional”.
La compra de este inmueble, concretada en enero de 2018, se habría efectuado con fondos destinados a la atención primaria de salud, de manera directa y sin la aprobación de los servicios públicos competentes, beneficiando en definitiva al familiar de una de las personas imputadas, quien era dueño de la propiedad adquirida, ubicada en calle Condell 2043.
En audiencia realizada esta mañana en el Juzgado de Garantía de Calama, fue formalizado por esta causa el ex jefe de Planificación de la COMDES, Carlos Brito Contreras, mientras que una segunda persona citada, la ex jefa del Departamento de Finanzas y RR.HH. de la misma institución, María Calderón Calderón, no se presentó, por lo que se emitió una orden de detención en su contra.
De esta manera, y a la espera de la comparecencia de Calderón, aumentó a tres el número de ex funcionarios formalizados como parte de esta investigación que lleva adelante el Ministerio Público, pues antes ya se había notificado la apertura de una indagatoria penal contra el ex director ejecutivo de la COMDES, Gregorio Rodríguez Jaure, y la ex directora Jubitza Tapia Pérez.
Durante la audiencia, a esta última, además, se le notificaron nuevos hechos, pero se mantuvo la calificación del delito por el cual se le investiga.
Según expuso el fiscal Cristian Aliaga durante la audiencia, en junio de 2017 la COMDES, representada por el imputado ya formalizado Gregorio Rodríguez Jure, suscribió con banco BCI un convenio de donación por $255 millones con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la educación en la comuna.
Tras lo anterior, se constituyó el denominado “Comité de Análisis Proyecto Clínica Dental”, integrado por el propio Rodríguez, la ex funcionaria Jubitza Tapia y los ya mencionados María Calderón y Carlos Brito Contreras, “comité que, sin grandes recursos, presupuesto o estudios, y sin existir necesidad real, decidió la compra de un inmueble de propiedad de un pariente directo de la formalizada Tapia Pérez”, dijo el fiscal.
El persecutor detalló que en una reunión posterior, y ante la imposibilidad de usar los fondos donados por el banco, se habría acordado financiar la compra del inmueble privado con recursos destinados a la atención primaria de salud, el cual se paga de acuerdo a la población beneficiaria, según lo establecido en la Ley N° 19.378.
Datos conocidos en la audiencia indican que previo a la compra, el imputado Rodríguez habría formulado un nuevo proyecto, copia exacta del anterior ya rechazado, denominado “Idea de Proyecto Centro de Integración Educacional”, el cual llegaba nuevamente a la conclusión que el mejor inmueble para su funcionamiento era el ubicado en calle Condell.
Así, finalmente en enero de 2018, se concreta la compra del inmueble privado por un monto total de $190 millones, con cargo a los fondos de salud municipal.
Concluida la audiencia, el fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga Ayarza, declaró su conformidad con el resultado de la misma, asegurando que “se cumplieron los objetivos procesales y se avanza en la investigación”.
Cabe señalar que respecto a este caso, existe un informe de Contraloría Regional de fecha 15 de abril de 2019 acreditando distintas irregularidades en la compra del inmueble por parte de la COMDES.
Actúan como querellantes en esta causa el Consejo de Defensa del Estado, la misma COMDES de Calama y el senador Esteban Velásquez.
La investigación cuenta con un plazo de 120 días contados desde el 13 de enero y todos los formalizados mantienen medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual mientras dure la investigación, que intenta aclarar su eventual participación en un delito de fraude al fisco.
